La RAE y las guerras de la ortografía

Pocas instituciones despiertan pasiones tan encendidas como la Real Academia Española. Fundada a principios del siglo XVIII bajo el lema 'Limpia, fija y da esplendor', la RAE se propuso desde el primer momento ordenar una lengua que, por entonces, se escribía de maneras muy dispares. Lo que quizá sus fundadores no imaginaran era que, tres siglos después, cada una de sus decisiones ortográficas seguiría provocando auténticas batallas públicas.

Conviene subrayar que la ortografía del español es, en comparación con la de otras lenguas europeas, notablemente coherente: existe una correspondencia bastante estrecha entre lo que se escribe y lo que se pronuncia. No obstante, precisamente porque el sistema funciona tan bien, cualquier retoque se percibe como una agresión. Cuando la Academia elimina una tilde o modifica el estatus de una letra, no faltan quienes lo viven como si les hubieran arrebatado parte de su identidad.

El episodio más sonado de las últimas décadas fue la reforma que recomendó escribir sin tilde el adverbio 'solo' y los pronombres demostrativos. Escritores de enorme prestigio declararon públicamente que seguirían acentuando esas palabras pasara lo que pasara, y las redes sociales se llenaron de manifiestos a favor y en contra. Que un signo tan diminuto movilizara semejante debate demuestra hasta qué punto la escritura toca fibras profundas.

Ya a finales del siglo XX, Gabriel García Márquez había encendido la mecha al proponer, en un congreso de la lengua, que se jubilara la ortografía tradicional: sugería simplificar las reglas y eliminar distinciones que consideraba arbitrarias. Aunque muchos interpretaron sus palabras como una provocación literaria más que como un programa serio, el discurso obligó a preguntarse quién decide, en última instancia, cómo debe escribirse una lengua hablada por cientos de millones de personas.

La respuesta de la Academia a esa pregunta ha ido cambiando. Durante mucho tiempo, sus decisiones se tomaban en Madrid y se exportaban al resto del mundo hispanohablante como si fueran decretos. Hoy, en cambio, la RAE trabaja de manera coordinada con las academias de América y de otros territorios, de modo que las obras normativas se elaboran de forma panhispánica. De haberse mantenido el viejo modelo centralista, es probable que la unidad de la lengua se hubiera resentido.

Quienes critican a la institución le reprochan que vaya siempre por detrás de los hablantes, que admita las novedades con cuentagotas y que su composición no refleje la diversidad del mundo hispano. Sus defensores replican que la lentitud es, en realidad, una virtud: si la norma cambiara al ritmo de las modas, los textos de una generación resultarían ilegibles para la siguiente. Sea como fuere, ambos bandos coinciden en algo esencial: la lengua pertenece a quienes la hablan, no a quienes la regulan.

En definitiva, las guerras de la ortografía son mucho más que disputas de gramáticos. En ellas se dirime qué relación queremos tener con nuestra herencia cultural y cuánta autoridad estamos dispuestos a delegar en una institución. Mientras haya hablantes que sientan la lengua como algo propio, cada tilde seguirá siendo, para bien o para mal, un pequeño campo de batalla.